EL DERECHO A LA MOVILIDAD AL SERVICIO DE LA REPRESIÓN

*#LeyAntiMarchas*

*EL DERECHO A LA MOVILIDAD AL SERVICIO DE LA REPRESIÓN*

El grito de #AyotzinapaSomosTodos ha crecido y aglutinado las rabias de
todo un país que padece una violencia cotidiana que quienes ejercen el
poder del Estado no solo no han frenado sino que en muchos caso la
favorecen.  El grito acumulado por los niños quemados en la guardería ABC;
por los migrantes asesinados y desaparecidos;  por los despojos de
territorios indígenas y urbanos en favor de grandes empresas privadas; por
los constantes asesinatos y masacres en todo el país; por las políticas
económicas que polarizan cada vez más; por las muchas casas blancas con las
que los funcionarios públicos hacen de la injusticia un palacio de cinismo;
 por los incesantes agravios del poder; ese grito se ha transformado en el
#YaMeCansé con el que México y el mundo responden a la incompetencia y
mezquindad de una clase política incapaz de reconocer que fracasó en su
obligación de representar al pueblo, una clase política que ejecuta
cotidianamente estrategias para ocultar la realidad, para mantener
funcionando un sistema en donde el “orden institucional” existe al mismo
tiempo como poder público que como crimen organizado.

El gobierno federal y los gobiernos estatales, en lugar de buscar
herramientas jurídicas y políticas para tratar de enmendar sus errores y
pagar por sus crímenes, para tratar de desarmar el sistema de corrupción
que es el poder público en México, hace todo tipo de acrobacias políticas,
mediáticas y jurídicas para que sean aquellos que sufren sus injusticias
quienes además paguen el precio de las mismas, buscando formas para poder
reprimir con la misma brutalidad pero sin consecuencias legales o
políticas, para profundizar aún más este sistema de corrupción e impunidad.

La estrategia de Peña Nieto en Guerrero consiste en una mayor
militarización y en la construcción de un nuevo cuartel militar en Iguala,
lo que parece más un plan de contrainsurgencia que de seguridad, sobre todo
cuando aquel 26 de septiembre el ejército, cuando menos no tuvo la
capacidad o la voluntad de evitar o detener la tragedia. Desde la clase
política proponen crear una fiscalía anticorrupción, para sumarla a la
infinidad de fiscalías especiales para todo tipo de tragedias que maquillan
más de lo que resuelven. Además, a nivel nacional promueven una reforma
constitucional que sienta las bases para justificar la represión de
manifestaciones usando oportunistamente el discurso del derecho a la
“movilidad universal”. Abriendo la puerta a más leyes como la #LeyBala en
Puebla o la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y dando pie a más
tragedias como la de José Luis Alberto Tlahuitle Tamayo (en Puebla) y Juan
Francisco Kuykendall (en el Distrito Federal).

La preocupación de Enrique Peña Nieto, de los gobernadores y legisladores
es clara, no es por resolver la profunda crisis que vive el país, sino por
cómo contener la indignación y la rabia que crece en las calles y en todos
los rincones de México, en sus palabras para “dejar atrás el dolor” y
seguir con los negocios pendientes para “mover a México”.  Lo que buscan
realmente es cegar los ojos del mundo y cortar los dedos que los señalan y
los denuncian.

Con la reforma al artículo 11 Constitucional se garantiza *“el derecho de
toda persona a la movilidad universal*” abriéndose así un riesgo a que la
movilidad de las personas se ponga por encima del derecho a la libre
manifestación y expresión. Con la reforma al artículo 73 Constitucional se
faculta al Congreso para expedir leyes que reglamenten la movilidad
universal y la garanticen, lo que abre la posibilidad de que en una ley
reglamentaria se restrinja aun más el derecho a la protesta.

Hace unos meses en las leyes antiprotesta aprobadas en el Distrito Federal,
Quintana Roo, Chiapas y la #LeyBala en Puebla se veían visos de lo que
ahora pretenden con la reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución.
Se notaba que la tendencia era que en los estados se aprobaran leyes que
permitieran “por fin” ilegalizar las marchas y en algunos casos (como el de
Puebla) legalizar la agresión por parte de la policía a los manifestantes.
 En
esto, la estrategia del gobierno federal  parece ser lanzar iniciativas de
represión y lograr que los estados asuman los costos políticos de su
ejecución (porque los gobiernos locales están lo suficientemente ávidos de
reprimir). No será difícil saber cuáles serán las aplicaciones e
implicaciones locales de estas reformas, después de escuchar las
declaraciones del gobernador de Sinaloa que para referirse a detenciones
durante protestas habla de “levantones”; después de ver el empecinamiento
del gobierno de Rafael Moreno Valle por jugar una caprichosa partida de “
*monopoly*” con todo el estado de Puebla a costa de brutales e ilegales
despojos, detenciones arbitrarias, prisión política y represión
constante;  después de ver que este país está repleto de Abarcas en todos
los niveles de gobierno, en todos los ámbitos institucionales.

Una característica del Estado en México es que las leyes rara vez operan
cuando se trata de exigir justicia, de defender al débil; sin embargo son
increíblemente eficaces cuando se trata de despojar territorios, de
reprimir al que protesta, de proteger al poderoso. Ese uso discrecional de
la ley permite que los “derechos” no solo no sean exigibles sino que se
utilicen para coartar y violentar aún más nuestros derechos. Por lo tanto
las leyes no garantizan derechos, permiten y legalizan violaciones a estos.
Por eso mismo es importante no dejar pasar estas nuevas reformas, es
necesario evitar que en estos momentos se aprueben este tipo de
modificaciones. Por ello una de las herramientas que tenemos a la mano es
presionar a los senadores que en los próximos días rediscutirán estas
modificaciones constitucionales.

*Nodo de Derechos Humanos*
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